martes, 21 de junio de 2016

San Juan "en verde"

Coge tu camiseta verde y vente con nosotras a pasar una noche reivindicativa.


  ¡¡¡Habrá un pasacalle para enterrar la LOMCE
 y todo aquello que destruye la Educación pública!!!

¡¡¡Por una educación pública digna!!!

¡¡¡Os esperamossssssss!!!!!. 

miércoles, 15 de junio de 2016

Asamblea 17 Junio


Propuesta de orden del día:
1. San Juan "en verde". ¡Preparemos el evento!
 2. Varios

¡¡¡¡¡¡Os esperamos!!!!

martes, 14 de junio de 2016

Declaración de la ilegitimidad de propuesta de pacto educativo de Marina

Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa [1]

El Foro de Sevilla, junto con los participantes en la elaboración de un documento de bases para una nueva ley educativa en nuestro país, ve ilegítima la hoja de ruta del Pacto educativo del profesor Marina. 

La paralización de la LOMCE y la reversión de los recortes son una urgencia para nuestro sistema educativo, demandada recientemente por la Plataforma para la escuela pública y por partidos y colectivos sociales,y aprobada por un parlamento con un gobierno en funciones, que hizo caso omiso en poner en funcionamiento lo que exigía la democracia elegida por los españoles y respaldada por toda la comunidad escolar. Es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aula.

Una sola persona no puede arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un libro blanco, que no tiene legitimidad porque no representa a un colectivo, movimiento ciudadano, grupo de profesionales o sector de la comunidad educativa o de la sociedad.

José Antonio Marina, que tuvo el encargo del gobierno del PP para realizar el denominado “Libro blanco de la profesión docente”vuelve ahora, por su cuenta, a proponer una ‘Hoja de ruta para un pacto educativo’, invitando a que la firmen los principales partidos políticos. Ya desde el Foro de Sevilla y Yo Estudié en la Pública se le respondió cuando, según afirma, por encargo de una universidad privada (es director de la Cátedra Nebrija-Santander de Inteligencia Ejecutiva y de la Educación), convocó a los partidos para ofrecerles su voluntad de redactar ese pacto educativo. 

En esta ocasión plantea una ‘Hoja de ruta’ con unas determinadas condiciones que expone en el documento a firmar:
  • El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación.
  • La escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada.
  • Los partidos firmantes reconocen que el “éxito educativo” es más amplio que el “éxito escolar”.
  • El sistema educativo debe ayudar a desarrollar al máximo las competencias de todos los alumnos, fomentar una educación cívica y ética, y prepararles para la inserción en el mundo laboral. 
Y otros aspectos, que desde su única reflexión formula, obviando el trabajo de análisis y debate públicos y de construcción colectiva, que buena parte de la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años con redes, organizaciones políticas y sindicales y movimientos y entidades sociales.


Un pacto educativo no surge de un conocimiento experto particular, ni de una sola concepción de ideas que ya han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad educativa. Tampoco puede partir de una serie de obligaciones previas que benefician a una determinada forma de pensar y actuar en educación. José Antonio Marina se entromete en caminos que desconoce y se pierde en los senderos del protagonismo más interesado. Parece considerarse el adalid educativo del país sin contar con la ciudadanía, sus movilizaciones, la lucha frente a la LOMCE, las ‘Mareas’ organizadas, su experiencia y conocimiento, sus declaraciones, textos y acuerdos alcanzados.

La educación como ‘bien común’ procede y se agota en la sociedad civil, es ella la que debe marcar el territorio en donde el derecho a la educación se debe definir. Los gobiernos son los gestores y garantes de ese derecho, ningún sujeto aislado, ninguna organización o institución privada puede marcar, por su cuenta y riesgo, las reglas de juego ni la ruta de un pacto que pretenda la estabilidad en el enunciado de ese derecho. Nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para definir las reglas y las rutas que demanda a sus representantes. Por favor, no más auto proclamados “salvadores”.

Este proceso no nos parece propio de una sociedad democrática. No concebimos que sea un centro privado y elitista como la Universidad Elio Antonio de Nebrija quien se arrogue la facultad de encargar a una persona (y su equipo, vinculado además en su mayoría a centros privados) la elaboración de un Libro Blanco sobre el Pacto Educativo” o una “Hoja de ruta para un pacto educativo”. Entendemos que la comunidad educativa y la ciudadanía en general deben ser protagonistas directos en la elaboración de esta Ley y no limitarse a hacerlo a través de un “buzón de sugerencias” como mecanismo de seudoparticipación similar a lo realizado con la LOMCE.

Los colectivos y organizaciones enumeradas en este escrito coinciden en que es necesario un acuerdo educativo, pero desde y con la comunidad educativa.Por eso ha puesto a disposición de los partidos políticos y la sociedad civil un texto (https://porotrapoliticaeducativa.org/) ya consensuado por buena parte de la comunidad educativa. Pero con la sustancial diferencia de que, en este caso,esta propuesta de “acuerdo” ha partido de la sociedad civil. El contenido ha sido elaborado, debatido y consensuado con las respectivas asambleas de colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos. No desde un “laboratorio de ideas” vinculado a un modelo claramente neoliberal de educación y a los intereses de corporaciones privadas.
 
[1]Colectivos Sociales 
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Roma y Stop Ley Wert/La educación que nos une, incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM IntermónConfederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la PúblicaPlataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado).
 
Sindicatos de Estudiantes
Sindicato de estudiantesFederación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.
 
Asociaciones de Madres y Padres 
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.
 
Organizaciones Sindicales 
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Confederación Stes-intersindical y CGT Madrid
 
Partidos Políticos 
Partido Socialista Obrero EspañolIzquierda UnidaPodemos y Esquerra Republicana
Puedes descargar la declaración en este enlace.

¡Monitores Educación infantil siguen en lucha!

Una vez más, la plataforma PAIDEI organiza una nueva manifestación; en esta ocasión, el sábado a las 12.00 en la Plaza de la Merced con el fin de visibilizar su lucha y sus reivindicaciones. 


¡¡¡Te esperamos!!!!

martes, 31 de mayo de 2016

Charla-debate sobre la educación pública



La educación pública es de todos y para todas. Y para aportar ideas, compartir experiencias y defenderla también necesitamos estar informados.

                                                 ¡¡Os esperamos para escuchar y debatir!!

Ubicación

domingo, 29 de mayo de 2016

La educación debe ser inclusiva: carta de una madre enviada a los diputados y diputadas en espera de respuestas



Asunto: Muy grave discriminación por razón de discapacidad en educación

Diputados y diputadas, les invito a una jornada de reflexión sobre la vulneración de derechos y discriminación que viven los jóvenes con diversidad funcional en Andalucía, en materia educativa postobligatoria; debido a que las normas legislativas vigentes en Andalucía los empuja a un futuro sin derechos y sin esperanza de conseguirlos, en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de jóvenes andaluces sin diversidad funcional.
  En nombre de Alejandro Morales Álvarez,  al que conocéis muchos de vosotros y vosotras  ya que estuvimos invitados por el Parlamento Andaluz cuando se aprobó la Ley de Lengua de Signos en Andalucía, soy aquella madre que os invitó a que cambiarais los destinatarios de dicha ley ya que se hacía discriminación, en aquella ocasión tuvimos la suerte de que Dª María Luisa Bustinduy creyera en la vulneración de derechos que le trasmití y por supuesto , al resto del Parlamento que estuvo de acuerdo en ese cambio, de nuevo, gracias. Me dirijo a todos para que deis solución con carácter URGENTE ya que las matriculaciones para el próximo año están cercanas.
 Antecedentes: El Gobierno Andaluz con la orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de formación profesional básica en Andalucía para los cursos 2014/15 y 2015/16, dice que el alumnado podrá repetir siempre que no supere la edad de 21 años, según establece el articulo 74.1 de la ley orgánica 2/2006 de Educación. Esta ley orgánica es anterior a la ratificación por el estado español de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y por tanto, y en cualquier caso afecte o no a este caso, tendría que haber sido modificada en todos aquellos términos en los que se vulneran los derechos reconocidos en dicha convención.
 Dicha orden malinterpreta el artículo 74.1, ya que este artículo dice  que la escolarización en unidades o centros de educación especial no podrá ser con más de 21 años pero no que la formación básica no pueda ser mas allá de los 21, considero que si la orden amplía dicha restricción al alumnado de los programas específicos de Formación Profesional Básica se está vulnerando un derecho fundamental al negar que el alumnado con diversidad funcional no pueda realizar los estudios de los programas específicos de formación profesional básica mas allá de los 21 años y dicha interpretación  es una vulneración por razón de discapacidad recogido expresamente en el articulo 5 de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 La pasada semana tuvimos una reunión en el IES Nº1 de Málaga Universidad Laboral con el equipo de orientación y educativo de los programas específicos de FP Básica,  en la que se nos informó de la problemática de la promoción o repetición de los cursos de estos programas específicos, DENUNCIO que por la aplicación de una normativa educativa que vulnera la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, se ha truncado su futura formación y, en consecuencia, su futuro empleo, sabiendo que es, dentro de sus capacidades y de la oferta de formación, lo único que pueden muchos de ellos cursar.
 El articulo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad dice:
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
 No encuentro coherencia entre lo que dice ese artículo de la convención  y lo que dice la orden de 9 de junio de 2015.  En Andalucía cualquiera puede estudiar lo que quiera a cualquier edad, a nadie se le pone ningún límite de edad para finalizar sus estudios, yo por ejemplo con 55 años y con una diplomatura podría acceder a cualquier estudio universitario, sin embargo, me decís que Alejandro como cumple 22 años en el año natural que tendría que cursar segundo se tiene que ir a la calle y, además, en caso de que no adquiriera los conocimientos suficientes no tendría ni remotamente la mas mínima posibilidad de repetir.
 Yo sinceramente no sé ni que deciros ante esta situación, salvo que seguro que se están vulnerando sus derechos con tanta legislación discriminatoria. A las personas con diversidad funcional hay que darles oportunidades y no quitárselas. De todos es sabido que sus procesos de aprendizaje son lentos o son distintos en tiempos. No creo que sea tan difícil cambiar esto y antes de cambiarlo, consensuar con la comunidad educativa cuales son los cambios que se precisan.
Me anticipo y creo que hay que cambiar además del límite de edad, el número de repeticiones, habrá personas que tarden un año en adquirir los conocimientos de 1º, aunque generalmente casi todo el alumnado repite, pero habrá quien necesite hacerlo tres veces o cuatro y no entiendo como esto no está así legislado, no digo que estén eternamente pero sí que si el alumno, el equipo educativo y la familia ven posibilidades de que consiga la adquisición de los aprendizajes no se le garantice legalmente esa posibilidad, para que puedan obtener la certificación profesional. Actuar a espaldas de la realidad y en contra de la Convención genera un estado de DISCIUDADANIA para todo un colectivo con diversidad funcional y con especial dificultad en la inclusión en todos los ámbitos de la vida.
Tengo la certeza de que habrá quien lea este correo y se interese y crea que, ciertamente, esa orden es una barbaridad, que es una barbaridad dejar a todo un colectivo sin formación, echarles a la calle, porque ya lo tienen difícil el acceso al empleo como para que encima no les dejen ni formarse.

 Os envío un cordial saludo, quedo a la espera de una pronta solución.

 Carmen Morales Álvarez